¿Política o política de pasillo?

Cuando uno piensa en la política como actividad, cuando lo hace de forma romántica, bienintencionada, quizá ingenua, piensa en un desempeño encaminada a procurar a la sociedad en su conjunto un beneficio, una mejor forma de vida.

Cuando uno dedica su tiempo, su vida, al estudio de la política como un fenómeno social descubre que la evolución de la sociedad responde, en gran medida, al ejercicio de esta actividad. Los cambios políticos operados desde la antigüedad son numerosos y han hecho evolucionar las comunidades occidentales desde la esclavitud y la tiranía a la democracia y los Derechos Humanos, aunque con sonados retrocesos y a través de un camino tortuoso.

Ahora bien, también existe otra cara sobradamente conocida que es la lucha descarnada por el ejercicio del poder. En las democracias contemporáneas esa lucha ha dejado de ser sangrienta, se ha transformado, ha variado la forma de presentarse para hacerlo de una manera más aceptable para los tiempos modernos. La lucha es interna, privada, oculta a los ojos de la sociedad, se desarrolla silenciosamente en los despachos de los partidos políticos, y alcanza finalmente a todos los órdenes de la sociedad.

Esta política de pasillo, de llamada de teléfono, de reunión en un despacho, esta política de poco escribir y mucho hablar para no dejar huellas, de advertir y avisar pero nunca "amenazar", esta política de los amigos hoy y adversarios mañana, esta política que juega como el gato y el ratón con la verdad y la ilusión, esta política de ocultar y obstruir, ésta que es la política del no a todo aunque sea legítimo, esta política que lee y entiende lo que quiere en las disposiciones normativas de las organizaciones puede, en ocasiones, tornar extremadamente maliciosa, extraña e incomprensible.

Esta especie de competición, que si fuera de ideas alegraría sobremaneta a John Stuart Mill, acostumbra a limitarse a la defensa de las parcelas de poder individuales o colectivas que cada cual detente. Pero en ocasiones da lugar a ataques coordinados contra los que en privado son adversarios y públicamente leales amigos y compañeros de partido. Es un proceso natural en el ejercicio de la política que se agrava con los años y con la importancia de las posiciones enfrentadas. Pero si este tipo de prácticas llegaran algun día, de la mano de dirigentes incapaces de justificar su posición por razón de su altura política o intelectual, a las organizaciones juveniles de los partidos deberíamos echarnos a temblar, no por lo que puedan hacer ahora, sino por lo que podrían hacer si aplicando esas malas prácticas consiguieran mermar hasta obtener responsabilidades públicas.

Pero no hay nada que temer, por lo que esta disgresión es completamente gratuita, puesto que los partidos son máquinas de precisión suiza (notesé la ausencia de ironía siendo una simple frase hecha) que expulsan sistemáticamente a ese tipo de sujetos distorsionadores de la verdadera función de este tipo de organizaciones. Porque si no lo fueran ¿cómo lograríamos explicar la firme confianza que los ciudadanos demuestran tener en ellos?

De bravatas y otros asuntos del desayuno

Tengo la manía, mala sin duda, de desayunar con el eco de fondo de las noticias de primera hora. Mala es mi manía porque resulta habitual que aún cuando uno consigue un despertar plácido, sólo se da los fines de semana, acostumbran los implacables titulares a amargarle el café por mucho que se compren acciones de la azucarera.

Hoy no ha sido menos, aunque también hay que reconocer que no empezó mal del todo. Parece ser que la bravata del Ministro del Interior Don Jorge Fernández Díaz va a quedarse en mera brabuconada. El señor Ministro ha tenido a bien rectificar en parte, o le han obligado a hacer con toda probabilidad, el inaceptable, por excesivo, borrador de la Ley de Seguridad Ciudadana aunque, eso sí, no se ha privado de disfrutar ayer mismo de un debate con bastantes malos modos y una denodada defensa de su borrador llegando a decir que era un proyecto despenalizador. Hay penas de carcel que duelen menos que 600.000 Euros de multa y, por añadidura, pocas penas de multa en el Código Penal que alcancen cifras tan extraordinarias y puedan ser impuestas a particulares.

Al final la pretendida reforma parece que se ha quedado bastante descafeinada. Manifestarte frente al Congreso o Frente al Senado, con determinadas circunstancias que se regularán hay que suponer, sólo te va a costar hasta 30.000 Euros, en contraposición con las penas de 6 a 12 meses de prisión o la multa de 12 a 24 meses previstas en el artículo 494 del Código Penal para los que manifestándose afectaran al funcionamiento de las Cortes ¡bendita despenalización! Aunque multa se haya reducido desde la propuesta inicial, esto no es más que una medida encaminada a facilitar la punición de determinadas conductas evitando el control judicial, pero al menos ya no son 600.000 Euros.

Hay otros supuestos que también han visto atenuada su gravedad, como los insultos a la policía o los llamados "escraches" cuando estos no hayan sido comunicados como manifestaciones, que simplemente se quedan en multas de hasta mil Euros, vamos algo de baratillo para que todos podamos acceder a este tipo de actividades. Que aún siendo faltas ambas leves, me sigue pareciendo grave alguna de las consecuencias que se pueden derivar. Nunca me ha gustado eso de que se castigue el no comunicar tu voluntad de ejercer un derecho fundamental a la autoridad, aún cuando no afecte al libre ejercicio de otros. Y sobre los insultos a la policia... a nadie le gusta que le aticen verbalmente, pero no me parece una conducta merecedora de sanción, más allá de la imposibilidad de probar tal actitud, salvo que sustituyamos las porras de la policía por micrófonos de televisión, al más puro estilo de un intrépido reportero.

Hay determinadas conductas que hay que reprimir e impedir, es evidente que no se puede hacer sufrir a la familia de un cargo público una presión social que ellos no merecen, por mucho que el político de turno haya enojado a medio país. Y también resulta lígico que si la policia tiene que soportar una lluvia de insultos, quizá no deban de aguantar estoicamente una lluvia de piedras y otros objetos antes de decidir disolver una manifestación.

Pero esta buena noticia a medias que me hacía disfrutar de mi cafe y mi arroz inflado con miel del desayuno, uno ya se conforma con poco, como mi buen amigo Alberto Mateos, se ha venido a hundir cuando me informan que el gobierno ha decidido introducir una enmienda, y aquí viene lo más divertido, en los Presupuestos Generales del Estado para exigir que los terroristas se disculpen si quieren cobrar el subsidio por desempleo una vez liberados, es decir, que los PGE van a venir a modificar el artículo 35 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, y los reglamentos que lo desarrollen. ¿Relación entre las normas? ninguna, ¿aceptabilidad del procedimiento? imposible, ¿adecuación de la medida? a eso ya respondí en la entrada anterior.

En definitiva, si quieren ser felices vean las noticias por la noche, que al menos así se irán pronto a la cama y podrán olvidarlo acostados en los brazos de morfeo.

Una medida errónea, un anuncio preocupante.

Sé que lo que escribo ahora habrá a muchos amigos y compañeros que no les gustará, vayan por delante mis excusas, pero no está en mi ánimo ofender sensibilidad alguna, menos aún en un tema tan delicado como el del terrorismo.

Ayer salió del Congreso una noticia de extraordinaria trascendencia y consecuencias imprevisibles o, pensándolo mejor, de consecuencias más que previsibles dada la última jurisprudencia del TEDH. Parece ser que el Ministro del Interior anunció ayer que a los presos de terrorismo se les va a exigir el previo arrepentimiento, es decir, la petición de perdón a las víctimas para que accedan al derecho que se les reconoce al cobro de un subsidio al salir de la cárcel.

Ante este anuncio se me plantean dudas importantes, ¿de verdad vamos a incurrir en el mismo error que con la Doctrina Parot? ¿para qué? ¿para ampliar el sufrimiento de las victimas cuando se declare contrario a derecho? ¿o para terminar pagando intereses? Sinceramente creo que es un enorme error. El gobierno debería actuar en este sentido dentro de los límites que marca la legalidad vigente, no haciendo un truco de manos para, de repente, de forma imprevisible (argumento usado por el TEDH) cambiar las reglase del juego. Reclámense las deudas de indemnizaciones en el mismo momento en el que cualquier preso ponga un pie en la calle, solicítese el embargo del subsidion en la medida que sea posible, para su satisfacción, pero de cualquier preso, no sólo de algunos, porque si es sólo a unos pocos nos encontraremos con problemas serios de constitucionalidad. Porque la diferencia en la penalidad se puede justificar por el tipo delictivo, pero para cumplir con el resarcimiento a las familias todos tienen que ser iguales.

En el mejor de los casos esta modificación legislativa va a ser completamente inútil, puro maquillaje político, porque supongo que no se querrá aplicar a presos ya excarcelados, espero que, al menos, hayamos aprendido que si legislamos "en caliente" hay veces que nos puede salir extremadamente mal.

En este tema hay otra cuestión más problemática, menos amable podríamos decir, que es la pretendida exigencia de la petición de perdón a las víctimas del terrorismo, o a la sociedad en su conjunto que ha vivido muchos años bajo la sombra de la incertidumbre del terror. Huelga decir que pedir perdón es una exigencia moral, una necesidad ética, un imperativo social, ¿pero es un requisito penal para el acceso a la libertad u otros derechos? tengo mis dudas. Dudas que se traducen esencialmente en tres reflexiones. La primera es el hecho de que la reeducación es una finalidad de la pena, no un requisito de su cumplimiento, así lo dispone la Constitución Española. La segunda es el hecho de que no se puede exigir este requisito a los condenados por terrorismo, indistintamente del delito cometido, y no al resto de presos porque, y no creo que nadie niegue esto, el sufrimiento de la mujer de un hombre asesinado en una joyería es igual de intenso que el de la mujer de una víctima del terrorismo, un sufrimiento indebido y lamentable. Y la tercera es sencillamente la imposibilidad de la comprobación de la veracidad del mismo perdón, del arrepentimiento.

Y por último si quiero hacer una reflexión final. Sinceramente dudo que la sociedad española, la clase política y, lo que es perfectamente comprensible, las víctimas del terrorismo, estén, estemos. preparados para recibir esa petición de perdón, aunque pudiera ser sincera. En este sentido es fácil recordar algunos acontecimientos recientes como la carta de Arnaldo Otegui pidiendo perdón si su actuación había acrecentado el dolor de las víctimas y el aluvión de voces que se levantaron clamando al cielo por la falsedad del mismo, o las críticas que recibió la llamada Vía Nanclares que daba ciertas facilidades a los miembros de ETA encarcelados que sinceramente hubieran abjurado de esa condición y pedido público perdón. Es posible que la sociedad española no esté preparada para el perdón, no ya para darlo, sino si quiera para atender su petición, por eso quizá no deberíamos exigir el mismo para determinadas cuestiones que nada tienen que ver con él, y sí utilizar los medios legales a nuestro alcance, sin innovar nuevas y problemáticas medidas legislativas.

http://www.elmundo.es/espana/2013/11/21/528e4c1461fd3d44758b4580.html

1.2 votos por segundo

 

Desde hace unas semanas se viene preparando el XII Congreso de Nuevas Generaciones de Madrid, en el que voy a tener no sé si el gusto o la desgracia de poder participar. ¿Por qué digo esto?, muy sencillo, lo que se preveía un Congreso interesante, con tres candidaturas y voto universal directo y secreto de todos los afiliados está empezando a desvirtuarse incomprensiblemente.

 

El Comité de Organización del Congreso (COC en adelante) ha adoptado una serie de medidas enormemente perjudiciales para la participación de los afiliados, algo imperdonable cuando se pretende conseguir unas Nuevas Generaciones más democráticas abiertas y transparentes.

 

La primera de las medidas llegó con la publicación de las ponencias, en concreto con la publicación de la Ponencia de Reglamento de Organización, en la que se informa que los afiliados únicamente podremos enmendar las partes modificadas respecto del reglamento vigente. Presa de mi estupor y embargado de un animo revolucionario leo al completo la ponencia cuando para mi asombro, como era de esperar, en el Reglamento vigente se contempla al Congreso como máximo órgano de decisión y entre sus competencias se encuentra la modificación del propio reglamento, momento en el cual decido situarme en una posición de desobediencia y, por tanto, proceder a enmendar todo aquello que estime oportuno a la espera de que el COC rechace aquellas que exceden las modificaciones que tiempo habrá de protestar airadamente reclamando mis derechos.

 

La segunda de las medidas me golpeó ayer cuando me entero de que la petición de Antonio José Mesa, uno de los tres candidatos, de habilitar una mesa de votaciones en la sede de la Calle Génova el día del Congreso, para que los afiliados que el sábado (dia laborable y lectivo para algunos estudiantes) no se puedan acercar a Alcalá de Henares (que está ciertamente retirado) a ejercer sus derechos, pudieran votar alli, ha sido rechazada. El único argumento de cierto valor de los aportados por el COC es que si se habilitara se desincentivaría la participación y votación de las ponencias, es cierto, por mi también pueden habilitar una urna Génova para votarlas y se acabó el problema.

 

Y la tercera, que da título a este escrito, ha saltado hoy. Parece que se tiene la intención de abrir las votaciones a los más de 4.000 afiliados de nuevas generaciones a las 13:00 horas, para cerrarlas tan solo una hora despues. El cálculo es claro 1.2 votos por segundo. Más allá de la aglomeración, ¿no se podrían haber dado más facilidades en las votaciones? ¿no creen en el COC que quizá dar tan sólo una hora de margen puede impedir que algunos afiliados que tengan obligaciones matinales ejerzan sus derechos?

Sinceramente creo que si Nuevas Generaciones quiere reformarse deberíamos empezar por habilitar todas las formas de participación posibles a los afiliados, y no cohartar directa o indirectamente el ejercicio de sus derechos como parece estar haciendo el Comité de Organización del Congreso.

Un escándalo en la superficie de un problema

Con gran estupor despertó nuestra sociedad el día 17 del mes en curso al leer la portada de El País. ¡Atención! ¡Alarma! el Presidente del Tribunal Constitucional ha sido miembro del Partido Popular, y pagaba 37.14€ al año, hasta 2011. Todo el mundo se echa las manos a la cabeza al conocer tamaña indignidad.

¿De veras alguien en su sano juicio ha dudado alguna vez de que, al menos una parte de los magistrados, tienen afinidades, cuando no adscripción política?

El caso del señor Pérez de los Cobos no es, ni con mucho, el más alarmante, indignante o grave de todos los que ha habido. En el actual Tribunal hay un exdiputado del Partido Popular, que ya no pagará sus cuotas, y un redactor del programa electoral del Partido Socialista.

A lo largo de la historia del alto tribunal podríamos encontrar, por ejemplo, al menos a un secretario de estado de justicia, que después fue candidato en una lista electoral por Madrid. Y si revisara el larguísimo listado de Magistrados Eméritos que ofrece la página web de la institución, encontraría diversos ejemplos de miembros del mismo con una adscripción política muchísimo más relevante de la que se ha demostrado en Pérez de los Cobos.

Asumo que el escándalo formado por esta noticia derivará de que la portada que sacó El País daba a entender, sin un esfuerzo de imaginación, que el Presidente había violado su régimen de incompatibilidades, lo que con presteza y claridad el Tribunal se apresuró a desmentir con los correspondientes argumentos jurídicos.

El problema, como me ha indicado mi amigo David, es un problema de sentido común, no de argumentos legales. La pregunta relevante es si España se merece un modelo de designación como el que está ordenado en nuestra Constitución, que tiene sus virtudes, y son numerosas, pero también sus defectos, y el principal es que posibilita cierto grado de politización que, aunque los magistrados mantuvieran su independencia, es inadmisible.

Quizá sería mejor un modelo más cercano al de la Corte Suprema de los Estados Unidos, en el que se exige una mayoría amplísima en la confirmación en el Senado, donde los puestos son vitalicios, por lo que se evitan los continuos cambios de rumbo doctrinal, y se minimizan las posibilidades de los partidos de maniobrar para conseguir mayorías en el pleno.

No existe el sistema perfecto, no existe el tribunal completamente despolitizado, porque, al fin y al cabo, los magistrados son personas que tienen ideas e inclinaciones. Y porque el Tribunal Constitucional no es un órgano del Poder Judicial al que se acceda por concurso oposición, sino que es un poder independiente, cuyos miembros han de ser nombrados, y la única institución con legitimidad para ello, en tanto que en ella reside el poder del pueblo, son las Cortes que están integradas por políticos.

Si no podemos alcanzar el modelo utópico, deberíamos avanzar hacia un modelo que se adapte mejor a las necesidades de nuestra sociedad, debemos intentar mejorar el sistema para, de ese modo, conseguir mejoras en los resultados. Pero mientras nos sigamos escandalizando y mirando únicamente la superficie de los problemas, no atinaremos a solucionarlos de raíz.

Venderemos lana y compraremos ropa

Llevamos meses con noticias sobre la mala situación de Consejo Superior de Investigaciones Científicas apareciendo en la prensa cada semana. Llevamos varios años consecutivos escuchando, sin asombro ni alboroto público, cada diciembre que la financiación a la investigación cae estrepitosamente en los Presupuestos Generales del Estado. Llevamos años quejándonos de que nuestra economía cada día que pasa es menos competitiva, salvo ahora que ganamos competitividad por la vía de la moderación salarial. ¿Alguien se ha preguntado alguna vez si es más probable conseguir una economía competitiva construyendo casas o, quizá, sea más probable hacerlo desarrollando tecnología punta?

Pues este es el debate, en términos economicistas, sobre la financiación de la investigación, más allá del hecho de que la investigación científica, especialmente en el campo de la medicina, sea difícil, en ocasiones, prever los posibles beneficios de la misma, por lo que la financiación privada se complica.

El caso del CSIC es extremadamente alarmante, su presidente ha avisado sobre el peligro de desaparición de esta prestigiosa institución si no se le aportan los recursos imprescindibles para su continuidad.. De dónde vienen estos problemas económicos es una pregunta ineludible. Es posible que el Consejo haya desarrollado inversiones excesivamente ambiciosas amparados por la estabilidad presupuestaria anterior a la crisis, pero lo que le ha llevado a esta situación es la restricción presupuestaria a la que se ha visto sometido.

Los datos que ofrecen sus memorias anuales son reveladores. Entre los años 2009 y 2010, últimos datos económicos que he encontrado,  perdió 130 millones de euros de financiación estatal, pérdida que se ha ido acrecentando año tras año. Por el contrario consiguieron aumentar sus fondos competitivos de proyectos de investigación en 70 millones de euros, captaron prácticamente 370 MILLONES DE EUROS para proyectos en concurrencia con equipos de todo el mundo. ¿Alguna institución española es capaz de alcanzar tales cotas de éxito?

Si nos referimos a los datos puramente académicos, tampoco son, en absoluto, desdeñables. En 2011 los investigadores publicaron 12.420 artículos científicos indexados (en revistas de máxima relevancia), 1.396 artículos no indexados (en revistas especializadas diferentes a las anteriores), 387 libros, 899 tesis doctorales, y se consiguieron 641 patentes.

No voy a dar más argumentos, sólo con el párrafo anterior debería ser suficiente, en favor de esta institución, porque me he propuesto hacer sólo un breve comentario, no un escrito excesivamente largo como acostumbro. Vuelvo al inicio, el problema de la investigación, y su financiación, es definir que modelo de país queremos. Si queremos uno con una economía competitiva, capaz de producir alta tecnología, investigación biomédica puntera o estudios de ciencias sociales relevantes en el mundo globalizado tenemos que decidirnos a invertir en investigación. Si no lo queremos, podemos volver a vender la mejor lana virgen de las mejores ovejas churras y merinas a Inglaterra, para después comprar exquisitas prendas que sean el último grito en Londres que, por supuesto, han sido confeccionadas con la mejor lana del mundo, la nuestra.

Las causas generales y otros cuentos para no dormir

En los últimos tiempos de esta joven democracia que es España, no resulta extraño que nos encontremos una imagen avejentada y achacosa de la misma, que es producto de, siendo bien-pensado, deporte éste poco apegado al carácter español, la imprudencia temeraria o, de la palabra ligera, de algunos de los más altos representantes de los partidos políticos, algo que me avergüenza, especialmente a mi, que soy miembro de uno de ellos y dedico parte de mis esfuerzos, y estudios, a cultivar la prudencia en el uso de la retórica, esa prudencia que era tan apreciada por los grandes clásicos, como Cicerón o Aristóteles.

Una de las técnicas más usuales en comunicación a la hora de trasladar, con efectividad, un mensaje concreto al auditorio es la repetición del mismo en el discurso. Ahora bien, la mera repetición no es suficiente, debe estar apoyada en una verosimilitud racional, pruebas suficientes y aspecto de veracidad.

No sé si consciente, o inconscientemente, los dirigentes políticos de más alto nivel de nuestro estado repiten dos lemas respecto a los procedimientos judiciales, que más parecen eslogan de campaña que el verdadero leit motiv de su actividad.

Y he usado la palabra "lema" con toda intención ¿por qué? porque en su primera acepción se corresponde con el argumento o título que precede a ciertas composiciones literarias, y algunas de las declaraciones que hemos tenido la desgracia de escuchar bien se asemejaban a algún libro de Julio Verne o de Isaac Asimov. Y en su octava acepción, lema, se identifica con la proposición que es preciso demostrar antes de establecer un teorema, y aquí es donde se halla la mayor dificultad, porque son completamente contradictorios.

Lema 1: Nuestro partido reconoce el esfuerzo y respeta las decisiones de los tribunales en cualquier situación, como siempre hemos hecho.

Lema 2: En este caso no nos encontramos ante un supuesto de corrupción, sino ante una verdadera causa general contra nuestro partido instigada por "x" juez con una clara intención de perjudicarnos.

No me voy a referir al utópico, al platónico primer lema porque es sencillamente falso.

Sobre el segundo, en sus diferentes variantes, hoy me han sorprendido especialmente unas declaraciones de Óscar López defendiendo la posición de su partido, diciendo, aproximadamente, que respetar la actuación judicial no implica no opinar sobre el contenido jurídico del auto de la juez. Hasta ahí estamos en perfecto acuerdo, precisamente por eso existe un sistema de recursos, pero la Señora Helena Valenciano habló con extrema claridad al decir que la juez pretendía condicionar la agenda política del PSOE de Andalucía, y algún otro dirigente, en un alarde de originalidad, habló de una causa general.

Sobre algunas declaraciones de Carlos Floriano, o la novedosísima fórmula de la indemnización por despido con cotizaciones sociales, he de decir que nunca me atrajo el derecho laboral, pero alguna de mis compañeras de clase podrá ilustrarme si esa fórmula existe, me ahorro el escribir y aburrir al posible lector, porque ni el más original de los escritores podría encontrar las palabras adecuadas para narrar tal infame desatino.

Yo no sé si el Juez Ruz o la Juez Alaya tienen alguna enemistad o inquina contra los miembros de los partidos que investigan, o contra las propias instituciones, pero en caso de ser así hay procedimientos legales y públicos para alegar tal condición que es causa de recusación.

Además cuando los partidos hablan, con el afán de limpiar una imagen que a pulso está ensuciada, de su plena colaboración con la justicia, cualquiera que tenga más memoria que un besugo, tras haber sido cocinado, recuerda bochornosos sucesos que están cuidadosamente recogidos en la hemeroteca, como esa caja fuerte sin llave que la Junta de Andalucia mandó a la juez con las deliberaciónes de la junta de gobierno, o el mismo hecho de que la acusación pública del Partido Popular haya sido expulsada del procedimiento contra Bárcenas por entorpecer la instrucción haciendo las veces de una segunda defensa.

Qué nos deparará el futuro es un gran misterio, eso sí, debemos saber que no somos un país significativamente (en términos estadísticos) más corrupto que otros; que no tenemos una justicia, respecto de la calidad de las investigaciones, sentencias y procedimientos, peor que la de otros países comparables; y que tampoco creo que nuestros políticos sean tan tan malos como a veces parecen, eso sí, tienen que aprender una cosa, que bajar las persianas e intentar limpiar a oscuras sólo sirve para dormirse y tener pesadillas. Que lo mejor que se puede hace es levantarlas bien, que entre toda la luz posible, abrir las puertas de par en par y contratar a una empresa de limpieza que se llama sistema judicial, al que hay que dejar trabajar sin ninguna traba.

Déjense de causas generales y de rabietas de niños. Comencé diciendo que repetir un mensaje es efectivo en un discurso, pero también es bien sabido que por doscientas veces que se repita una mentira, ésta, no transmuta en verdad universal. Al menos esta vez la sociedad española no está por la labor de dejarse engatusar, todo lo contrario sólo espera colaboración y que los jueces hagan su trabajo, y esa es la mejor campaña política que se puede hacer hoy en día.

Juicio a una Zorra

Hoy toca hablar de cosas serias, es decir, aunque esta sólo sea la segunda entrada de este blog, dejo de hablar de política y recomiendo una gran obra de teatro,Juicio a una Zorra, de Miguel del Arco e interpretada por una insuperable Carmen Machi.

La obra es un monólogo dramático de aproximadamente una hora largaen el que Helena de Troya nos ofrece la visión de su vida, su versión de una de las historias de la antigüedad clásica más conocidas.

La luz se apaga y nos encontramos con un escenario desnudo, únicamente una mesanegra con botellas y copas de vino agrupadas. En medio de esa sobriedad visual y de un ambiente sonoro dominado por un ensordecedor silencio que se ve ocasionalmente roto por los truenos que hacen presente a Zeus, padre de la protagonista, destaca con un vestido rojo, e iluminada intensamente por un foco blanco, Helena de Troya que desde la primera sílaba te prohibe separar tu mirada de ella.

Carmen Machi consigue, sin otra ayuda que la de un texto extraordinario y la de una interpretación sublime e irrepetible, que el espectador pase de la carcajada, siempre contenida por la intensa melancolía que embarga el alma de quien ve la obra, a la tristeza y el llanto provocados por el sufrimiento de la protagonista.

El texto es una magnifica composición que ha sabido unir la corrección y el respeto a la historia clásica de la Guerra de Troya, junto con una versión paralela , la de Helena, perfectamente plausible que, además de permitir al autor diseñar una narración enormemente efectiva, también le posibilita realizar una reflexión, ya clásica, que es proyectada en varios momentos, ¿Quién escribe la historia?

Pero lo realmente impactante de esta hora de monólogo es una Carmen Machi antológica, apoteósica, exquisita, de la que no puedes separar los ojos, que con su voz y con una gestualidad impoluta no te permite despegarte del asiento, una actriz que no pierde la oportunidad de demostrar su lado más cómico, embargado de melancolía, pero la fuerza se la aporta el magistral dominio del silencio dramático, el impecable trabajo de la embriaguez furiosa en la que se sumerge, y la desgarradora tristeza que emana cada poro de su personaje en un trágico y musical final que envuelve la obra en una sola cuestión ¿Por qué no me dejasteis amar a quien yo quise?

Nadie debería perder la oportunidad de acudir a disfrutar, sufrir y admirar una interpretación que demuestra que Machi es una primerísima espada entre las grandes del teatro español, yo ya la he visto dos veces, y volvería a hacerlo.

La pactitis nacional

Asisto en los últimos días, desde mi condición de miembro del partido popular, a la acumulación de peticiones de pactos nacionales desde las dos grandes fuerzas políticas del país.

La pregunta que cabe hacerse es si estas peticiones y ofertas son verdaderamente sinceras, o caerán en el olvido en el medio de la vorágine, los procedimientos y la práctica política de España. Y la respuesta a esa pregunta, la respuesta que creo sería la más acertada es suponer que no llegarán a nada.

La estructura política española, que fomenta la estabilidad de los dos grandes partidos e imposibilita que los desplazamientos del voto tengan efectos relevantes en el reparto parlamentario, desincentiva la celebración de este tipo de acuerdos, puesto que posibilita hacer un tipo de oposición obstruccionista que ambos partidos, el PP y el PSOE han practicado, y que consiste, esencialmente, en negarse a asumir las responsabilidades de la toma de decisiones impopulares pero imprescindibles para el bien general y futuro de la sociedad.

Esta actitud ante la política también se ve reforzada por la irresponsabilidad característica de los cargos electos ante el electorado que representan, derivada del sistema de listas cerradas que configura nuestra constitución.  Este sistema impide que el elector exija respuestas a su representante,  lo que impide que éstos, los representantes, tengan incentivos para no someterse a la disciplina de partido y puedan apoyar el realizar pactos contra la opinión única de la organización.

Y otro motivo es, en mi opinión, o al menos podría serlo, el que nuestro sistema electoral de pequeñas circunscripciones facilite la consecución de mayorías absolutas sin haber alcanzado esa mayoría en votos. De este modo se consiguen gobiernos fuertes y estables, por no dependientes, que se podrían permitir el lujo de ser sordos a las opiniones y propuestas de otros grupos.

Y en la situación actual de España se dan todas estas condiciones. El gobierno está desarrollando una política en la que creen firmemente y, por tanto, no están dispuestos a cambiarla. Mientras que la oposición se dedica, como ya es tradición en la joven democracia que disfrutamos, a lanzar la piedra del pacto y esconder la mano durante las negociaciones o, en su defecto, exigir un pacto completamente contrario a las medidas adoptadas por los gobernantes.

De este modo considero absolutamente imposible que ambos partidos alcancen acuerdos significativos en materias relevantes, de hecho, no estoy seguro de que ninguno de ellos quieran realmente alcanzarlos, aunque esperó sinceramente equivocarme.

Carlos Alonso Mauricio.