Desmontando la democracia catalana

Desde las instituciones políticas, sociales y periodísticas catalanas se insiste, machaconamente, en la exigencia de respeto a la voluntad democrática y mayoritaria del pueblo catalán de independizarse de España. No voy a valorar el adjetivo "mayoritario", existen suficientes evidencias empíricas y datos estadísticos para valorar los verdaderos intereses del conjunto de la ciudadanía catalana. Únicamente diré de la CUP que ha engañado públicamente a todos al afirmar que si su opción independentista no conseguía más del 50% de los votos no pretenderían declarar la independencia unilateral y, ahora, parece que es su pretensión más inmediata. Será la misma democracia la que les exija responsabilidades.

Hemos de revelarnos contra la colonización de los conceptos de democracia, libertad o voluntad cívica, que no son propiedad del independentismo catalán. Un sistema democrático, que sólo puede desarrollarse en el marco de un Estado de Derecho, implica, necesariamente, el respeto a los principios del imperio de la ley o la separación de poderes, entre otros. Nadie, ni individualmente ni colectivamente, está ni debe estar por encima de la ley. Esa forma de relación entre el Poder y el Derecho que sostienen sin decirlo, que es de supremacía del primero sobre el segundo, lo que los antiguos llamaban el gobierno de los hombres, en vez de el gobierno de las leyes, no ofrece ninguna garantía de respeto a los derechos de los ciudadano, ni si quiera a los más elementales.

El fundamento necesario de todo Estado Democrático de Derecho, además de la participación política, es el respeto y sometimiento de todos los poderes de ese Estado a la ley. Sin este requisito previo no podemos asegurar la libertad de los ciudadanos ni el respeto a su voluntad democrática y, por tanto, nos situaríamos en el marco de otro modelo de Estado, en el marco de un modelo de Estado evidentemente peor.

Ya es hora, hace bastante que debió de sonar la alarma del reloj para avisar de que había llegado el momento, de empezar a hablar con claridad y decir, sin rubor, que los líderes del independentismo catalán están intentando tomarnos el pelo. La democracia no es votar de cualquier manera, es hacerlo dentro del marco legal y con garantías y si se hace de otra manera, hay que responder ante ese otro poder del estado llamado judicial. La democracia exige el derecho a imponer tus ideas (incluso las de los grupos mayoritarios) sino el derecho a defenderlas pública y legítimamente e intentar llevarlas a cabo en el marco de la ley.

La defensa de la democracia exige la defensa de la legislación vigente, la defensa de la democracia exige la defensa de los derechos de todos los ciudadanos, la defensa de la democracia exige la independencia judicial, la defensa de la democracia exige el respeto a las ideas, el debate político y la intransigencia con los actos anti-jurídicos, ninguna otra cosa se le puede pedir al resto de poderes del Estado. 

Hablemos de todo, con todos y en cualquier momento, debatamos propuestas políticas, pensemos nuestro modelo de Estado, puede que deba ser otro, no lo sé, pero esta reflexión, esta negociación debe ser libre, no puede basarse en la amenaza de una parte de desobedecer cualquier legislación contraria a sus intereses, y hagámoslo con el necesario respeto a la ley por parte de todos los poderes del Estado, es la única protección que los ciudadanos ostentamos contra la arbitrariedad y la injusticia.

Bastones contra jueces y fiscales

Escribir en domingo, con el cuerpo descansado, la mente despejada y el ánimo calmado me permite, sin los exabruptos ni las alharacas propias de la excitación temporal, ofrecer una visión pausada de unos acontecimientos agitados, en este caso, esa procesión de bastones y banderas que, en acompañamiento marcial por las calles de Barcelona, como muestra de un fervor popular y "expontáneo", arropó al President de la Generalitat para declarar ante los tribunales opresores del Estado Español y a enfrentarse a esa especie de gestapillo que es la Fiscalía.

Vaya por delante que el trato denigrante que se le da en este país a la Fiscalía y a la justicia en su conjunto no es patrimonio exclusivo del independentismo catalán, sino afición compartida por todos aquellos grupos políticos que se han visto envueltos en procedimientos judiciales. Lo que sí es patrimonio de Artur Mas y su cuadrilla es llevar la presión pública a un nivel desconocido hasta hoy.

La Administración de Justicia no es más justa o acertada cuando nos da la razón, ni la Fiscalía menos o más independiente cuando solicita nuestro procesamiento, como ahora, o cuando rechaza la solicitud de retirar las urnas el día que se celebraba la consulta catalana. Nuestro diseño institucional en general, y el del Ministerio Fiscal en particular, puede ser manifiestamente mejorable y, sin ninguna duda, mucho más claro y comprensible para el ciudadano, pero funciona con bastante eficacia, honestidad y siempre dentro de las competencias, límites y salvaguardas que la ley determina, algo que otros no pueden decir.

La pretensión de hacer política con lo que únicamente es un procedimiento judicial que investiga posibles delitos cometidos por funcionarios públicos es impresentable. La intención de presentar este proceso como un ataque a la libertad del pueblo y la democracia de Cataluña es, simplemente, mentira. Presentar ésto como un conflicto entre los líderes del pueblo catalán y los tribunales del Estado Español, como si fueran de un país extranjero, roza lo absurdo. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y la Fiscalía del mismo tribunal no son poderes extranjeros que estén usurpando unas competencias que no les son propias sino que, precisamente, lo que están haciendo es investigar si se ha violado la legalidad que sostiene el sistema democrático en España, y por tanto en Cataluña, y si la actuación de funcionarios públicos se ha ajustado a las disposiciones legales correspondientes.

Cicerón afirmaba que la libertad es el sometimiento exclusivo a la Ley, porque fuera de ella el poder individual de unos pocos hombres puede conculcar los derechos de muchos otros. Esta es la base del sistema democrático, el sometimiento de todos los poderes al imperio de la ley y, también, la existencia de cauces pacíficos para su modificación basados en el principio de participación política. Y para todo lo que quede fuera de la ley existe el Poder Judicial.

Dentro de la ley hay que sentarse, hablar, negociar, alcanzar acuerdos y convivir. Dentro de la ley hay que respetar al Poder Judicial, su actividad y sus decisiones independientemente del signo político afectado por las mismas, dentro de la ley hay futuro, fuera de ella... nadie puede asegurar que quebrantada para la independencia no se vuelva a quebrantar para otro tipo de intereses particulares.

Entre tanto, quizá sea mejor evitar imágenes como las que vimos en esa procesión de banderas y bastones. La gente es perfectamente libre de manifestarse como y cuando desee, pero no se puede pretender amedrentar al Poder Judicial. Aquello no era un grupo más o menos amplio de personas manifestándose en apoyo de un representante político, era una representación organizada para ejercer toda la influencia posible en el marco de un proceso judicial.

En este proceso político faltan héroes o, mejor dicho, buenas razones para serlo, por eso necesitan escudarse tras las banderas y los bastones.