Un escándalo en la superficie de un problema

Con gran estupor despertó nuestra sociedad el día 17 del mes en curso al leer la portada de El País. ¡Atención! ¡Alarma! el Presidente del Tribunal Constitucional ha sido miembro del Partido Popular, y pagaba 37.14€ al año, hasta 2011. Todo el mundo se echa las manos a la cabeza al conocer tamaña indignidad.

¿De veras alguien en su sano juicio ha dudado alguna vez de que, al menos una parte de los magistrados, tienen afinidades, cuando no adscripción política?

El caso del señor Pérez de los Cobos no es, ni con mucho, el más alarmante, indignante o grave de todos los que ha habido. En el actual Tribunal hay un exdiputado del Partido Popular, que ya no pagará sus cuotas, y un redactor del programa electoral del Partido Socialista.

A lo largo de la historia del alto tribunal podríamos encontrar, por ejemplo, al menos a un secretario de estado de justicia, que después fue candidato en una lista electoral por Madrid. Y si revisara el larguísimo listado de Magistrados Eméritos que ofrece la página web de la institución, encontraría diversos ejemplos de miembros del mismo con una adscripción política muchísimo más relevante de la que se ha demostrado en Pérez de los Cobos.

Asumo que el escándalo formado por esta noticia derivará de que la portada que sacó El País daba a entender, sin un esfuerzo de imaginación, que el Presidente había violado su régimen de incompatibilidades, lo que con presteza y claridad el Tribunal se apresuró a desmentir con los correspondientes argumentos jurídicos.

El problema, como me ha indicado mi amigo David, es un problema de sentido común, no de argumentos legales. La pregunta relevante es si España se merece un modelo de designación como el que está ordenado en nuestra Constitución, que tiene sus virtudes, y son numerosas, pero también sus defectos, y el principal es que posibilita cierto grado de politización que, aunque los magistrados mantuvieran su independencia, es inadmisible.

Quizá sería mejor un modelo más cercano al de la Corte Suprema de los Estados Unidos, en el que se exige una mayoría amplísima en la confirmación en el Senado, donde los puestos son vitalicios, por lo que se evitan los continuos cambios de rumbo doctrinal, y se minimizan las posibilidades de los partidos de maniobrar para conseguir mayorías en el pleno.

No existe el sistema perfecto, no existe el tribunal completamente despolitizado, porque, al fin y al cabo, los magistrados son personas que tienen ideas e inclinaciones. Y porque el Tribunal Constitucional no es un órgano del Poder Judicial al que se acceda por concurso oposición, sino que es un poder independiente, cuyos miembros han de ser nombrados, y la única institución con legitimidad para ello, en tanto que en ella reside el poder del pueblo, son las Cortes que están integradas por políticos.

Si no podemos alcanzar el modelo utópico, deberíamos avanzar hacia un modelo que se adapte mejor a las necesidades de nuestra sociedad, debemos intentar mejorar el sistema para, de ese modo, conseguir mejoras en los resultados. Pero mientras nos sigamos escandalizando y mirando únicamente la superficie de los problemas, no atinaremos a solucionarlos de raíz.