Un escándalo en la superficie de un problema

Con gran estupor despertó nuestra sociedad el día 17 del mes en curso al leer la portada de El País. ¡Atención! ¡Alarma! el Presidente del Tribunal Constitucional ha sido miembro del Partido Popular, y pagaba 37.14€ al año, hasta 2011. Todo el mundo se echa las manos a la cabeza al conocer tamaña indignidad.

¿De veras alguien en su sano juicio ha dudado alguna vez de que, al menos una parte de los magistrados, tienen afinidades, cuando no adscripción política?

El caso del señor Pérez de los Cobos no es, ni con mucho, el más alarmante, indignante o grave de todos los que ha habido. En el actual Tribunal hay un exdiputado del Partido Popular, que ya no pagará sus cuotas, y un redactor del programa electoral del Partido Socialista.

A lo largo de la historia del alto tribunal podríamos encontrar, por ejemplo, al menos a un secretario de estado de justicia, que después fue candidato en una lista electoral por Madrid. Y si revisara el larguísimo listado de Magistrados Eméritos que ofrece la página web de la institución, encontraría diversos ejemplos de miembros del mismo con una adscripción política muchísimo más relevante de la que se ha demostrado en Pérez de los Cobos.

Asumo que el escándalo formado por esta noticia derivará de que la portada que sacó El País daba a entender, sin un esfuerzo de imaginación, que el Presidente había violado su régimen de incompatibilidades, lo que con presteza y claridad el Tribunal se apresuró a desmentir con los correspondientes argumentos jurídicos.

El problema, como me ha indicado mi amigo David, es un problema de sentido común, no de argumentos legales. La pregunta relevante es si España se merece un modelo de designación como el que está ordenado en nuestra Constitución, que tiene sus virtudes, y son numerosas, pero también sus defectos, y el principal es que posibilita cierto grado de politización que, aunque los magistrados mantuvieran su independencia, es inadmisible.

Quizá sería mejor un modelo más cercano al de la Corte Suprema de los Estados Unidos, en el que se exige una mayoría amplísima en la confirmación en el Senado, donde los puestos son vitalicios, por lo que se evitan los continuos cambios de rumbo doctrinal, y se minimizan las posibilidades de los partidos de maniobrar para conseguir mayorías en el pleno.

No existe el sistema perfecto, no existe el tribunal completamente despolitizado, porque, al fin y al cabo, los magistrados son personas que tienen ideas e inclinaciones. Y porque el Tribunal Constitucional no es un órgano del Poder Judicial al que se acceda por concurso oposición, sino que es un poder independiente, cuyos miembros han de ser nombrados, y la única institución con legitimidad para ello, en tanto que en ella reside el poder del pueblo, son las Cortes que están integradas por políticos.

Si no podemos alcanzar el modelo utópico, deberíamos avanzar hacia un modelo que se adapte mejor a las necesidades de nuestra sociedad, debemos intentar mejorar el sistema para, de ese modo, conseguir mejoras en los resultados. Pero mientras nos sigamos escandalizando y mirando únicamente la superficie de los problemas, no atinaremos a solucionarlos de raíz.

Venderemos lana y compraremos ropa

Llevamos meses con noticias sobre la mala situación de Consejo Superior de Investigaciones Científicas apareciendo en la prensa cada semana. Llevamos varios años consecutivos escuchando, sin asombro ni alboroto público, cada diciembre que la financiación a la investigación cae estrepitosamente en los Presupuestos Generales del Estado. Llevamos años quejándonos de que nuestra economía cada día que pasa es menos competitiva, salvo ahora que ganamos competitividad por la vía de la moderación salarial. ¿Alguien se ha preguntado alguna vez si es más probable conseguir una economía competitiva construyendo casas o, quizá, sea más probable hacerlo desarrollando tecnología punta?

Pues este es el debate, en términos economicistas, sobre la financiación de la investigación, más allá del hecho de que la investigación científica, especialmente en el campo de la medicina, sea difícil, en ocasiones, prever los posibles beneficios de la misma, por lo que la financiación privada se complica.

El caso del CSIC es extremadamente alarmante, su presidente ha avisado sobre el peligro de desaparición de esta prestigiosa institución si no se le aportan los recursos imprescindibles para su continuidad.. De dónde vienen estos problemas económicos es una pregunta ineludible. Es posible que el Consejo haya desarrollado inversiones excesivamente ambiciosas amparados por la estabilidad presupuestaria anterior a la crisis, pero lo que le ha llevado a esta situación es la restricción presupuestaria a la que se ha visto sometido.

Los datos que ofrecen sus memorias anuales son reveladores. Entre los años 2009 y 2010, últimos datos económicos que he encontrado,  perdió 130 millones de euros de financiación estatal, pérdida que se ha ido acrecentando año tras año. Por el contrario consiguieron aumentar sus fondos competitivos de proyectos de investigación en 70 millones de euros, captaron prácticamente 370 MILLONES DE EUROS para proyectos en concurrencia con equipos de todo el mundo. ¿Alguna institución española es capaz de alcanzar tales cotas de éxito?

Si nos referimos a los datos puramente académicos, tampoco son, en absoluto, desdeñables. En 2011 los investigadores publicaron 12.420 artículos científicos indexados (en revistas de máxima relevancia), 1.396 artículos no indexados (en revistas especializadas diferentes a las anteriores), 387 libros, 899 tesis doctorales, y se consiguieron 641 patentes.

No voy a dar más argumentos, sólo con el párrafo anterior debería ser suficiente, en favor de esta institución, porque me he propuesto hacer sólo un breve comentario, no un escrito excesivamente largo como acostumbro. Vuelvo al inicio, el problema de la investigación, y su financiación, es definir que modelo de país queremos. Si queremos uno con una economía competitiva, capaz de producir alta tecnología, investigación biomédica puntera o estudios de ciencias sociales relevantes en el mundo globalizado tenemos que decidirnos a invertir en investigación. Si no lo queremos, podemos volver a vender la mejor lana virgen de las mejores ovejas churras y merinas a Inglaterra, para después comprar exquisitas prendas que sean el último grito en Londres que, por supuesto, han sido confeccionadas con la mejor lana del mundo, la nuestra.

Las causas generales y otros cuentos para no dormir

En los últimos tiempos de esta joven democracia que es España, no resulta extraño que nos encontremos una imagen avejentada y achacosa de la misma, que es producto de, siendo bien-pensado, deporte éste poco apegado al carácter español, la imprudencia temeraria o, de la palabra ligera, de algunos de los más altos representantes de los partidos políticos, algo que me avergüenza, especialmente a mi, que soy miembro de uno de ellos y dedico parte de mis esfuerzos, y estudios, a cultivar la prudencia en el uso de la retórica, esa prudencia que era tan apreciada por los grandes clásicos, como Cicerón o Aristóteles.

Una de las técnicas más usuales en comunicación a la hora de trasladar, con efectividad, un mensaje concreto al auditorio es la repetición del mismo en el discurso. Ahora bien, la mera repetición no es suficiente, debe estar apoyada en una verosimilitud racional, pruebas suficientes y aspecto de veracidad.

No sé si consciente, o inconscientemente, los dirigentes políticos de más alto nivel de nuestro estado repiten dos lemas respecto a los procedimientos judiciales, que más parecen eslogan de campaña que el verdadero leit motiv de su actividad.

Y he usado la palabra "lema" con toda intención ¿por qué? porque en su primera acepción se corresponde con el argumento o título que precede a ciertas composiciones literarias, y algunas de las declaraciones que hemos tenido la desgracia de escuchar bien se asemejaban a algún libro de Julio Verne o de Isaac Asimov. Y en su octava acepción, lema, se identifica con la proposición que es preciso demostrar antes de establecer un teorema, y aquí es donde se halla la mayor dificultad, porque son completamente contradictorios.

Lema 1: Nuestro partido reconoce el esfuerzo y respeta las decisiones de los tribunales en cualquier situación, como siempre hemos hecho.

Lema 2: En este caso no nos encontramos ante un supuesto de corrupción, sino ante una verdadera causa general contra nuestro partido instigada por "x" juez con una clara intención de perjudicarnos.

No me voy a referir al utópico, al platónico primer lema porque es sencillamente falso.

Sobre el segundo, en sus diferentes variantes, hoy me han sorprendido especialmente unas declaraciones de Óscar López defendiendo la posición de su partido, diciendo, aproximadamente, que respetar la actuación judicial no implica no opinar sobre el contenido jurídico del auto de la juez. Hasta ahí estamos en perfecto acuerdo, precisamente por eso existe un sistema de recursos, pero la Señora Helena Valenciano habló con extrema claridad al decir que la juez pretendía condicionar la agenda política del PSOE de Andalucía, y algún otro dirigente, en un alarde de originalidad, habló de una causa general.

Sobre algunas declaraciones de Carlos Floriano, o la novedosísima fórmula de la indemnización por despido con cotizaciones sociales, he de decir que nunca me atrajo el derecho laboral, pero alguna de mis compañeras de clase podrá ilustrarme si esa fórmula existe, me ahorro el escribir y aburrir al posible lector, porque ni el más original de los escritores podría encontrar las palabras adecuadas para narrar tal infame desatino.

Yo no sé si el Juez Ruz o la Juez Alaya tienen alguna enemistad o inquina contra los miembros de los partidos que investigan, o contra las propias instituciones, pero en caso de ser así hay procedimientos legales y públicos para alegar tal condición que es causa de recusación.

Además cuando los partidos hablan, con el afán de limpiar una imagen que a pulso está ensuciada, de su plena colaboración con la justicia, cualquiera que tenga más memoria que un besugo, tras haber sido cocinado, recuerda bochornosos sucesos que están cuidadosamente recogidos en la hemeroteca, como esa caja fuerte sin llave que la Junta de Andalucia mandó a la juez con las deliberaciónes de la junta de gobierno, o el mismo hecho de que la acusación pública del Partido Popular haya sido expulsada del procedimiento contra Bárcenas por entorpecer la instrucción haciendo las veces de una segunda defensa.

Qué nos deparará el futuro es un gran misterio, eso sí, debemos saber que no somos un país significativamente (en términos estadísticos) más corrupto que otros; que no tenemos una justicia, respecto de la calidad de las investigaciones, sentencias y procedimientos, peor que la de otros países comparables; y que tampoco creo que nuestros políticos sean tan tan malos como a veces parecen, eso sí, tienen que aprender una cosa, que bajar las persianas e intentar limpiar a oscuras sólo sirve para dormirse y tener pesadillas. Que lo mejor que se puede hace es levantarlas bien, que entre toda la luz posible, abrir las puertas de par en par y contratar a una empresa de limpieza que se llama sistema judicial, al que hay que dejar trabajar sin ninguna traba.

Déjense de causas generales y de rabietas de niños. Comencé diciendo que repetir un mensaje es efectivo en un discurso, pero también es bien sabido que por doscientas veces que se repita una mentira, ésta, no transmuta en verdad universal. Al menos esta vez la sociedad española no está por la labor de dejarse engatusar, todo lo contrario sólo espera colaboración y que los jueces hagan su trabajo, y esa es la mejor campaña política que se puede hacer hoy en día.