Sé que lo que escribo ahora habrá a muchos amigos y compañeros que no les gustará, vayan por delante mis excusas, pero no está en mi ánimo ofender sensibilidad alguna, menos aún en un tema tan delicado como el del terrorismo.
Ayer salió del Congreso una noticia de extraordinaria trascendencia y consecuencias imprevisibles o, pensándolo mejor, de consecuencias más que previsibles dada la última jurisprudencia del TEDH. Parece ser que el Ministro del Interior anunció ayer que a los presos de terrorismo se les va a exigir el previo arrepentimiento, es decir, la petición de perdón a las víctimas para que accedan al derecho que se les reconoce al cobro de un subsidio al salir de la cárcel.
Ante este anuncio se me plantean dudas importantes, ¿de verdad vamos a incurrir en el mismo error que con la Doctrina Parot? ¿para qué? ¿para ampliar el sufrimiento de las victimas cuando se declare contrario a derecho? ¿o para terminar pagando intereses? Sinceramente creo que es un enorme error. El gobierno debería actuar en este sentido dentro de los límites que marca la legalidad vigente, no haciendo un truco de manos para, de repente, de forma imprevisible (argumento usado por el TEDH) cambiar las reglase del juego. Reclámense las deudas de indemnizaciones en el mismo momento en el que cualquier preso ponga un pie en la calle, solicítese el embargo del subsidion en la medida que sea posible, para su satisfacción, pero de cualquier preso, no sólo de algunos, porque si es sólo a unos pocos nos encontraremos con problemas serios de constitucionalidad. Porque la diferencia en la penalidad se puede justificar por el tipo delictivo, pero para cumplir con el resarcimiento a las familias todos tienen que ser iguales.
En el mejor de los casos esta modificación legislativa va a ser completamente inútil, puro maquillaje político, porque supongo que no se querrá aplicar a presos ya excarcelados, espero que, al menos, hayamos aprendido que si legislamos "en caliente" hay veces que nos puede salir extremadamente mal.
En este tema hay otra cuestión más problemática, menos amable podríamos decir, que es la pretendida exigencia de la petición de perdón a las víctimas del terrorismo, o a la sociedad en su conjunto que ha vivido muchos años bajo la sombra de la incertidumbre del terror. Huelga decir que pedir perdón es una exigencia moral, una necesidad ética, un imperativo social, ¿pero es un requisito penal para el acceso a la libertad u otros derechos? tengo mis dudas. Dudas que se traducen esencialmente en tres reflexiones. La primera es el hecho de que la reeducación es una finalidad de la pena, no un requisito de su cumplimiento, así lo dispone la Constitución Española. La segunda es el hecho de que no se puede exigir este requisito a los condenados por terrorismo, indistintamente del delito cometido, y no al resto de presos porque, y no creo que nadie niegue esto, el sufrimiento de la mujer de un hombre asesinado en una joyería es igual de intenso que el de la mujer de una víctima del terrorismo, un sufrimiento indebido y lamentable. Y la tercera es sencillamente la imposibilidad de la comprobación de la veracidad del mismo perdón, del arrepentimiento.
Y por último si quiero hacer una reflexión final. Sinceramente dudo que la sociedad española, la clase política y, lo que es perfectamente comprensible, las víctimas del terrorismo, estén, estemos. preparados para recibir esa petición de perdón, aunque pudiera ser sincera. En este sentido es fácil recordar algunos acontecimientos recientes como la carta de Arnaldo Otegui pidiendo perdón si su actuación había acrecentado el dolor de las víctimas y el aluvión de voces que se levantaron clamando al cielo por la falsedad del mismo, o las críticas que recibió la llamada Vía Nanclares que daba ciertas facilidades a los miembros de ETA encarcelados que sinceramente hubieran abjurado de esa condición y pedido público perdón. Es posible que la sociedad española no esté preparada para el perdón, no ya para darlo, sino si quiera para atender su petición, por eso quizá no deberíamos exigir el mismo para determinadas cuestiones que nada tienen que ver con él, y sí utilizar los medios legales a nuestro alcance, sin innovar nuevas y problemáticas medidas legislativas.
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