Hipocresía o sinceridad en la muerte de Suárez.

Con la pausa reflexiva que dan el paso de los años y la distancia de los acontecimientos los historiadores dedican su vida al afloramiento de las realidades pasadas, ahora bien, como nos advierte Josep Fontana ellos tampoco son ajenos a los condicionamientos políticos o ideológicos de su tiempo y personalidad.

Dicho lo cual, y habiendo pasado tan solo un par de días, por tanto sin disfrutar de las ventajas que aporta la distancia y desconociendo, más allá de lo básico, las herramientas de la historiografía, no me puedo resistir a hacer una breve reflexión, no podía ser de otro modo en este blog, sobre la catarsis que ha provocado el fallecimiento de Adolfo Suárez.

Personaje imprescindible de su tiempo, figura que ha ascendido al panteón de los grandes hombres de la historia de España, político con el componente de vapuleo que eso implica en España mientras hacía su trabajo, es, a día de hoy, reconocido como el gran artífice del cambio democrático que operó nuestro país en esos años ya lejanos de finales de los 70.

La Transición, con mayúsculas, pretendido modelo de cambio pacífico es hoy puesta en duda por una parte relevante de los estudiosos y profesores de nuestra universidad. No les falta razón al decir que en España se ha hecho poco por recuperar la memoria y la dignidad de las víctimas de la represión de la dictadura, y así se lo reconocía hace unos días al profesor Escudero, y también se critica que de ese proceso surgiera una democracia de baja intensidad, o falta de mecanismos de participación.

¿Pero que esperábamos que se pudiera hacer? Adolfo Suárez se encuentra un país sometido durante cuarenta años a una dictadura, de la que él, efectivamente, como dicen sus críticos participó. Algunos se olvidan que, con sus fallos, él mismo la desmontó pieza a pieza. 1976 no era el tiempo de la justicia retributiva, me pregunto ¿quién la iba a aplicar si el Presidente tenía que seguir lidiando con los mismos cuadros de poder que había impuesto Franco? 1976 era el tiempo de construir un país, un Estado, una nación que estaba partida en dos desde hacia cuatro décadas. 1976 era el tiempo de la reconciliación para diseñar nuestro futuro.

Adolfo Suárez, que entendió esta encrucijada histórica y la afrontó sin tener en cuenta las consecuencias, en sus años de gobierno se vio sometido a una presión altísima. La oposición le atacaba para ver cumplidas sus legítimas aspiraciones de gobierno, la prensa recientemente libre hacía pleno uso de esta libertad, la crisis económica azotaba a todos los españoles, el terrorismo se había desatado y los había que creían que el Presidente tenía que promover unos nuevos procesos al estilo de los de Burgos, obviando toda legalidad, y su partido avanzaba hacía el enfrentamiento de las corrientes que lo consumían, al partido y al Presidente. Era imposible, su forma de hacer política era incompatible con conseguir un partido fuerte, es lo que pasa cuando hay un dirigente permanentemente dispuesto al pacto, los cuadros del partido, cuando pasa, creen que se está perdiendo el espacio político que les daría la confrontación. Bendita forma de hacer política.

Sufrió mucho en política, eso es la política también. Pero hoy nadie le escatima su gran mérito, construir un país, y conseguir que los incrédulos españoles nos convenciéramos de que teníamos algo bueno que conservar. Este modelo de país tiene problemas, desde luego, pero sin Suárez quizá no tendríamos siqueira este modelo de sociedad. Lo que debemos preguntarnos, en palabras de Javier Cercás, no es por qué nuestra democracia tiene tantos problemas, o si es cosa de Suárez y los otros artífices del cambio que existan estos problemas, sino que debemos preguntarnos "¿qué hemos hecho nosotros para mejorar nuestra democracia?"

Ha fallecido un hombre de estado, ha fallecido el Hombre del Estado español. Muchos, sino todos, de los que le criticaron con denuedo hoy le alaban. No creo que sea hipocresía, sino todo lo contrario, el afloramiento de las realidades pasadas que con el paso del tiempo se ven con mucha más claridad, aunque uno no sea historiador. Como ha dicho Don Miquel Roca  Juyent "hoy se le ha hecho justica a Suárez, fuimos muy injustos con él".

Descanse en paz Señor Presidente.

De los votos a la democracia pasando por el sufrimiento

Este pasado sábado día 15 de marzo, curiosamente en el que se tiene por el día de los Idus de Marzo, acudí junto con mi pareja y un buen amigo a una concentración en apoyo de las reclamaciones democráticas en Venezuela. Pensando en ello me preguntaba que qué podíamos hacer nosotros, nosotros que pertenecemos a una generación que no ha luchado por tener y vivir en una democracia, nosotros que somos una generación que hemos crecido en libertad y con derechos, nosotros que vivimos en un país desarrollado con una democracia avanzada y un nivel de vida, por lo general, satisfactorio.

Pues bien, allí estábamos, viendo como un gran grupo de venezolanos afincados en Madrid gritaban a voz en cuello exigiendo algo tan elemental como que no maten a sus hijos, algo tan elemental como que se les permita salir a la calle a protestar porque no tienen comida que comprar, algo tan elemental como que se cuenten bien sus votos, algo tan elemental como libertad frente a la represión.

Después de terminar la concentración me fui con Cesar, el amigo que me acompañaba, a comer, y en la comida que contaba que su hermano, licenciado en psicología, trabaja en una de las mejores consultoras de Caracas y cobra, al cambio, 80 Dolares al mes y que su padre, psicólogo con toda una vida de experiencia, alcanza con dificultad los 320 Dolares, y que aún así ellos tienen que considerarse afortunados.

Yo le interrogué durante la comida sobre lo que pasaba en Venezuela, como he hecho con todos los venezolanos que conozco, sobre quién dispara a quién, sobre quién toma las decisiones, sobre qué son esos grupos de "motorizados"con pinta de paramilitares. Llegados un momento de la conversación le pregunté directamente que quién mata a los policías, que si la oposición está haciendo uso de la fuerza, ¿su contestación? Carlos si no tenemos para comprar comida menos para armas, los únicos que tiene son la Guardia Nacional y los paramilitares, y se están ajustando las cuentas entre ellos. 

Es posible que algún manifestante halla usado la fuerza, seguro que se han arrojado objetos contra la policía o los asesinos en moto, pero yo creo lo que me dijo Cesar. Sinceramente creo que la oposición venezolana es pacífica en sus actuaciones y honesta en sus reclamaciones. Lo que veo día a día es una clase dirigente que amenaza a los estudiantes y a los miembros de otros partidos políticos, que les llama fascistas porque dicen que quieren comer, que les acusa de las penurias del país cuando llevan gobernando 15 años, que los tacha de violentos al tiempo que anima a sus adláteres a tomar medidas drásticas contra ellos.

Después de pensar en todo esto ya no me pregunto qué hacíamos allí Ana, Cesar, David y yo, lo que me pregunto es que ¿dónde estaban el resto? 

¿Política o política de pasillo?

Cuando uno piensa en la política como actividad, cuando lo hace de forma romántica, bienintencionada, quizá ingenua, piensa en un desempeño encaminada a procurar a la sociedad en su conjunto un beneficio, una mejor forma de vida.

Cuando uno dedica su tiempo, su vida, al estudio de la política como un fenómeno social descubre que la evolución de la sociedad responde, en gran medida, al ejercicio de esta actividad. Los cambios políticos operados desde la antigüedad son numerosos y han hecho evolucionar las comunidades occidentales desde la esclavitud y la tiranía a la democracia y los Derechos Humanos, aunque con sonados retrocesos y a través de un camino tortuoso.

Ahora bien, también existe otra cara sobradamente conocida que es la lucha descarnada por el ejercicio del poder. En las democracias contemporáneas esa lucha ha dejado de ser sangrienta, se ha transformado, ha variado la forma de presentarse para hacerlo de una manera más aceptable para los tiempos modernos. La lucha es interna, privada, oculta a los ojos de la sociedad, se desarrolla silenciosamente en los despachos de los partidos políticos, y alcanza finalmente a todos los órdenes de la sociedad.

Esta política de pasillo, de llamada de teléfono, de reunión en un despacho, esta política de poco escribir y mucho hablar para no dejar huellas, de advertir y avisar pero nunca "amenazar", esta política de los amigos hoy y adversarios mañana, esta política que juega como el gato y el ratón con la verdad y la ilusión, esta política de ocultar y obstruir, ésta que es la política del no a todo aunque sea legítimo, esta política que lee y entiende lo que quiere en las disposiciones normativas de las organizaciones puede, en ocasiones, tornar extremadamente maliciosa, extraña e incomprensible.

Esta especie de competición, que si fuera de ideas alegraría sobremaneta a John Stuart Mill, acostumbra a limitarse a la defensa de las parcelas de poder individuales o colectivas que cada cual detente. Pero en ocasiones da lugar a ataques coordinados contra los que en privado son adversarios y públicamente leales amigos y compañeros de partido. Es un proceso natural en el ejercicio de la política que se agrava con los años y con la importancia de las posiciones enfrentadas. Pero si este tipo de prácticas llegaran algun día, de la mano de dirigentes incapaces de justificar su posición por razón de su altura política o intelectual, a las organizaciones juveniles de los partidos deberíamos echarnos a temblar, no por lo que puedan hacer ahora, sino por lo que podrían hacer si aplicando esas malas prácticas consiguieran mermar hasta obtener responsabilidades públicas.

Pero no hay nada que temer, por lo que esta disgresión es completamente gratuita, puesto que los partidos son máquinas de precisión suiza (notesé la ausencia de ironía siendo una simple frase hecha) que expulsan sistemáticamente a ese tipo de sujetos distorsionadores de la verdadera función de este tipo de organizaciones. Porque si no lo fueran ¿cómo lograríamos explicar la firme confianza que los ciudadanos demuestran tener en ellos?

De bravatas y otros asuntos del desayuno

Tengo la manía, mala sin duda, de desayunar con el eco de fondo de las noticias de primera hora. Mala es mi manía porque resulta habitual que aún cuando uno consigue un despertar plácido, sólo se da los fines de semana, acostumbran los implacables titulares a amargarle el café por mucho que se compren acciones de la azucarera.

Hoy no ha sido menos, aunque también hay que reconocer que no empezó mal del todo. Parece ser que la bravata del Ministro del Interior Don Jorge Fernández Díaz va a quedarse en mera brabuconada. El señor Ministro ha tenido a bien rectificar en parte, o le han obligado a hacer con toda probabilidad, el inaceptable, por excesivo, borrador de la Ley de Seguridad Ciudadana aunque, eso sí, no se ha privado de disfrutar ayer mismo de un debate con bastantes malos modos y una denodada defensa de su borrador llegando a decir que era un proyecto despenalizador. Hay penas de carcel que duelen menos que 600.000 Euros de multa y, por añadidura, pocas penas de multa en el Código Penal que alcancen cifras tan extraordinarias y puedan ser impuestas a particulares.

Al final la pretendida reforma parece que se ha quedado bastante descafeinada. Manifestarte frente al Congreso o Frente al Senado, con determinadas circunstancias que se regularán hay que suponer, sólo te va a costar hasta 30.000 Euros, en contraposición con las penas de 6 a 12 meses de prisión o la multa de 12 a 24 meses previstas en el artículo 494 del Código Penal para los que manifestándose afectaran al funcionamiento de las Cortes ¡bendita despenalización! Aunque multa se haya reducido desde la propuesta inicial, esto no es más que una medida encaminada a facilitar la punición de determinadas conductas evitando el control judicial, pero al menos ya no son 600.000 Euros.

Hay otros supuestos que también han visto atenuada su gravedad, como los insultos a la policía o los llamados "escraches" cuando estos no hayan sido comunicados como manifestaciones, que simplemente se quedan en multas de hasta mil Euros, vamos algo de baratillo para que todos podamos acceder a este tipo de actividades. Que aún siendo faltas ambas leves, me sigue pareciendo grave alguna de las consecuencias que se pueden derivar. Nunca me ha gustado eso de que se castigue el no comunicar tu voluntad de ejercer un derecho fundamental a la autoridad, aún cuando no afecte al libre ejercicio de otros. Y sobre los insultos a la policia... a nadie le gusta que le aticen verbalmente, pero no me parece una conducta merecedora de sanción, más allá de la imposibilidad de probar tal actitud, salvo que sustituyamos las porras de la policía por micrófonos de televisión, al más puro estilo de un intrépido reportero.

Hay determinadas conductas que hay que reprimir e impedir, es evidente que no se puede hacer sufrir a la familia de un cargo público una presión social que ellos no merecen, por mucho que el político de turno haya enojado a medio país. Y también resulta lígico que si la policia tiene que soportar una lluvia de insultos, quizá no deban de aguantar estoicamente una lluvia de piedras y otros objetos antes de decidir disolver una manifestación.

Pero esta buena noticia a medias que me hacía disfrutar de mi cafe y mi arroz inflado con miel del desayuno, uno ya se conforma con poco, como mi buen amigo Alberto Mateos, se ha venido a hundir cuando me informan que el gobierno ha decidido introducir una enmienda, y aquí viene lo más divertido, en los Presupuestos Generales del Estado para exigir que los terroristas se disculpen si quieren cobrar el subsidio por desempleo una vez liberados, es decir, que los PGE van a venir a modificar el artículo 35 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, y los reglamentos que lo desarrollen. ¿Relación entre las normas? ninguna, ¿aceptabilidad del procedimiento? imposible, ¿adecuación de la medida? a eso ya respondí en la entrada anterior.

En definitiva, si quieren ser felices vean las noticias por la noche, que al menos así se irán pronto a la cama y podrán olvidarlo acostados en los brazos de morfeo.

Una medida errónea, un anuncio preocupante.

Sé que lo que escribo ahora habrá a muchos amigos y compañeros que no les gustará, vayan por delante mis excusas, pero no está en mi ánimo ofender sensibilidad alguna, menos aún en un tema tan delicado como el del terrorismo.

Ayer salió del Congreso una noticia de extraordinaria trascendencia y consecuencias imprevisibles o, pensándolo mejor, de consecuencias más que previsibles dada la última jurisprudencia del TEDH. Parece ser que el Ministro del Interior anunció ayer que a los presos de terrorismo se les va a exigir el previo arrepentimiento, es decir, la petición de perdón a las víctimas para que accedan al derecho que se les reconoce al cobro de un subsidio al salir de la cárcel.

Ante este anuncio se me plantean dudas importantes, ¿de verdad vamos a incurrir en el mismo error que con la Doctrina Parot? ¿para qué? ¿para ampliar el sufrimiento de las victimas cuando se declare contrario a derecho? ¿o para terminar pagando intereses? Sinceramente creo que es un enorme error. El gobierno debería actuar en este sentido dentro de los límites que marca la legalidad vigente, no haciendo un truco de manos para, de repente, de forma imprevisible (argumento usado por el TEDH) cambiar las reglase del juego. Reclámense las deudas de indemnizaciones en el mismo momento en el que cualquier preso ponga un pie en la calle, solicítese el embargo del subsidion en la medida que sea posible, para su satisfacción, pero de cualquier preso, no sólo de algunos, porque si es sólo a unos pocos nos encontraremos con problemas serios de constitucionalidad. Porque la diferencia en la penalidad se puede justificar por el tipo delictivo, pero para cumplir con el resarcimiento a las familias todos tienen que ser iguales.

En el mejor de los casos esta modificación legislativa va a ser completamente inútil, puro maquillaje político, porque supongo que no se querrá aplicar a presos ya excarcelados, espero que, al menos, hayamos aprendido que si legislamos "en caliente" hay veces que nos puede salir extremadamente mal.

En este tema hay otra cuestión más problemática, menos amable podríamos decir, que es la pretendida exigencia de la petición de perdón a las víctimas del terrorismo, o a la sociedad en su conjunto que ha vivido muchos años bajo la sombra de la incertidumbre del terror. Huelga decir que pedir perdón es una exigencia moral, una necesidad ética, un imperativo social, ¿pero es un requisito penal para el acceso a la libertad u otros derechos? tengo mis dudas. Dudas que se traducen esencialmente en tres reflexiones. La primera es el hecho de que la reeducación es una finalidad de la pena, no un requisito de su cumplimiento, así lo dispone la Constitución Española. La segunda es el hecho de que no se puede exigir este requisito a los condenados por terrorismo, indistintamente del delito cometido, y no al resto de presos porque, y no creo que nadie niegue esto, el sufrimiento de la mujer de un hombre asesinado en una joyería es igual de intenso que el de la mujer de una víctima del terrorismo, un sufrimiento indebido y lamentable. Y la tercera es sencillamente la imposibilidad de la comprobación de la veracidad del mismo perdón, del arrepentimiento.

Y por último si quiero hacer una reflexión final. Sinceramente dudo que la sociedad española, la clase política y, lo que es perfectamente comprensible, las víctimas del terrorismo, estén, estemos. preparados para recibir esa petición de perdón, aunque pudiera ser sincera. En este sentido es fácil recordar algunos acontecimientos recientes como la carta de Arnaldo Otegui pidiendo perdón si su actuación había acrecentado el dolor de las víctimas y el aluvión de voces que se levantaron clamando al cielo por la falsedad del mismo, o las críticas que recibió la llamada Vía Nanclares que daba ciertas facilidades a los miembros de ETA encarcelados que sinceramente hubieran abjurado de esa condición y pedido público perdón. Es posible que la sociedad española no esté preparada para el perdón, no ya para darlo, sino si quiera para atender su petición, por eso quizá no deberíamos exigir el mismo para determinadas cuestiones que nada tienen que ver con él, y sí utilizar los medios legales a nuestro alcance, sin innovar nuevas y problemáticas medidas legislativas.

http://www.elmundo.es/espana/2013/11/21/528e4c1461fd3d44758b4580.html

1.2 votos por segundo

 

Desde hace unas semanas se viene preparando el XII Congreso de Nuevas Generaciones de Madrid, en el que voy a tener no sé si el gusto o la desgracia de poder participar. ¿Por qué digo esto?, muy sencillo, lo que se preveía un Congreso interesante, con tres candidaturas y voto universal directo y secreto de todos los afiliados está empezando a desvirtuarse incomprensiblemente.

 

El Comité de Organización del Congreso (COC en adelante) ha adoptado una serie de medidas enormemente perjudiciales para la participación de los afiliados, algo imperdonable cuando se pretende conseguir unas Nuevas Generaciones más democráticas abiertas y transparentes.

 

La primera de las medidas llegó con la publicación de las ponencias, en concreto con la publicación de la Ponencia de Reglamento de Organización, en la que se informa que los afiliados únicamente podremos enmendar las partes modificadas respecto del reglamento vigente. Presa de mi estupor y embargado de un animo revolucionario leo al completo la ponencia cuando para mi asombro, como era de esperar, en el Reglamento vigente se contempla al Congreso como máximo órgano de decisión y entre sus competencias se encuentra la modificación del propio reglamento, momento en el cual decido situarme en una posición de desobediencia y, por tanto, proceder a enmendar todo aquello que estime oportuno a la espera de que el COC rechace aquellas que exceden las modificaciones que tiempo habrá de protestar airadamente reclamando mis derechos.

 

La segunda de las medidas me golpeó ayer cuando me entero de que la petición de Antonio José Mesa, uno de los tres candidatos, de habilitar una mesa de votaciones en la sede de la Calle Génova el día del Congreso, para que los afiliados que el sábado (dia laborable y lectivo para algunos estudiantes) no se puedan acercar a Alcalá de Henares (que está ciertamente retirado) a ejercer sus derechos, pudieran votar alli, ha sido rechazada. El único argumento de cierto valor de los aportados por el COC es que si se habilitara se desincentivaría la participación y votación de las ponencias, es cierto, por mi también pueden habilitar una urna Génova para votarlas y se acabó el problema.

 

Y la tercera, que da título a este escrito, ha saltado hoy. Parece que se tiene la intención de abrir las votaciones a los más de 4.000 afiliados de nuevas generaciones a las 13:00 horas, para cerrarlas tan solo una hora despues. El cálculo es claro 1.2 votos por segundo. Más allá de la aglomeración, ¿no se podrían haber dado más facilidades en las votaciones? ¿no creen en el COC que quizá dar tan sólo una hora de margen puede impedir que algunos afiliados que tengan obligaciones matinales ejerzan sus derechos?

Sinceramente creo que si Nuevas Generaciones quiere reformarse deberíamos empezar por habilitar todas las formas de participación posibles a los afiliados, y no cohartar directa o indirectamente el ejercicio de sus derechos como parece estar haciendo el Comité de Organización del Congreso.

Un escándalo en la superficie de un problema

Con gran estupor despertó nuestra sociedad el día 17 del mes en curso al leer la portada de El País. ¡Atención! ¡Alarma! el Presidente del Tribunal Constitucional ha sido miembro del Partido Popular, y pagaba 37.14€ al año, hasta 2011. Todo el mundo se echa las manos a la cabeza al conocer tamaña indignidad.

¿De veras alguien en su sano juicio ha dudado alguna vez de que, al menos una parte de los magistrados, tienen afinidades, cuando no adscripción política?

El caso del señor Pérez de los Cobos no es, ni con mucho, el más alarmante, indignante o grave de todos los que ha habido. En el actual Tribunal hay un exdiputado del Partido Popular, que ya no pagará sus cuotas, y un redactor del programa electoral del Partido Socialista.

A lo largo de la historia del alto tribunal podríamos encontrar, por ejemplo, al menos a un secretario de estado de justicia, que después fue candidato en una lista electoral por Madrid. Y si revisara el larguísimo listado de Magistrados Eméritos que ofrece la página web de la institución, encontraría diversos ejemplos de miembros del mismo con una adscripción política muchísimo más relevante de la que se ha demostrado en Pérez de los Cobos.

Asumo que el escándalo formado por esta noticia derivará de que la portada que sacó El País daba a entender, sin un esfuerzo de imaginación, que el Presidente había violado su régimen de incompatibilidades, lo que con presteza y claridad el Tribunal se apresuró a desmentir con los correspondientes argumentos jurídicos.

El problema, como me ha indicado mi amigo David, es un problema de sentido común, no de argumentos legales. La pregunta relevante es si España se merece un modelo de designación como el que está ordenado en nuestra Constitución, que tiene sus virtudes, y son numerosas, pero también sus defectos, y el principal es que posibilita cierto grado de politización que, aunque los magistrados mantuvieran su independencia, es inadmisible.

Quizá sería mejor un modelo más cercano al de la Corte Suprema de los Estados Unidos, en el que se exige una mayoría amplísima en la confirmación en el Senado, donde los puestos son vitalicios, por lo que se evitan los continuos cambios de rumbo doctrinal, y se minimizan las posibilidades de los partidos de maniobrar para conseguir mayorías en el pleno.

No existe el sistema perfecto, no existe el tribunal completamente despolitizado, porque, al fin y al cabo, los magistrados son personas que tienen ideas e inclinaciones. Y porque el Tribunal Constitucional no es un órgano del Poder Judicial al que se acceda por concurso oposición, sino que es un poder independiente, cuyos miembros han de ser nombrados, y la única institución con legitimidad para ello, en tanto que en ella reside el poder del pueblo, son las Cortes que están integradas por políticos.

Si no podemos alcanzar el modelo utópico, deberíamos avanzar hacia un modelo que se adapte mejor a las necesidades de nuestra sociedad, debemos intentar mejorar el sistema para, de ese modo, conseguir mejoras en los resultados. Pero mientras nos sigamos escandalizando y mirando únicamente la superficie de los problemas, no atinaremos a solucionarlos de raíz.